El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a centrar la atención internacional en su controvertida política de seguridad y derechos humanos al criticar duramente a organizaciones no gubernamentales (ONG) y defensores de derechos humanos por, según él, enfocarse excesivamente en la protección de los derechos de los criminales y no en la de las víctimas del crimen.
Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tras un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) —una megacárcel diseñada para albergar a delincuentes de alta peligrosidad— Bukele fue interrogado sobre las acusaciones de supuestas vulneraciones a las garantías fundamentales dentro del sistema penitenciario salvadoreño.
📌 El foco de la crítica
Bukele reconoció que todos los seres humanos —incluidos delincuentes— poseen derechos fundamentales, pero reprochó a las ONG el hecho de que, en su opinión, estas organizaciones prioricen “los derechos de los que masacran, matan niños, violan mujeres o cortan cabezas” mientras dejan en segundo plano a las víctimas inocentes y a la población honrada.
El mandatario preguntó de forma retórica:
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“¿Por qué el enfoque siempre es en los derechos humanos de los criminales… por qué ellos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos?”
🤝 Defensa de su modelo de seguridad
Bukele señaló que su administración ha priorizado los derechos de la ciudadanía honrada —es decir, quienes cumplen la ley— como elemento central de su modelo de seguridad. En ese marco, el presidente justificó la existencia y el uso de instalaciones como el CECOT, concebidas para mantener bajo aislamiento a personas acusadas de delitos graves, como parte de su estrategia contra la violencia y las pandillas.
Según Bukele, esta orientación busca contrarrestar décadas de inseguridad que marcaron la vida cotidiana de miles de salvadoreños, muchas veces sin respuesta eficaz de autoridades previas. “Nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada”, sostuvo, subrayando que las denuncias de las ONG tendrían más valor si alguna vez se hubieran pronunciado contra la violencia homicida que durante años azotó al país.
🧠 Contexto político y seguridad
La postura de Bukele se da en un contexto marcado por la aplicación prolongada del régimen de excepción en El Salvador desde 2022, bajo el cual se han arrestado a decenas de miles de personas por supuestos vínculos con pandillas y otros grupos criminales, y se han intensificado acciones estatales contra organizaciones críticas.
Este enfoque ha sido objeto de críticas de organismos internacionales y grupos de derechos humanos, que han denunciado detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y condiciones penitenciarias severas, además de señalar que algunas ONG han enfrentado presiones o incluso han salido del país por temor a represalias.
📊 Críticas y debate
Los críticos de Bukele sostienen que la prioridad estratégica de defender la seguridad ciudadana no debe ser incompatible con la protección de los derechos humanos de todos, incluidos los detenidos, y advierten que desestimar las críticas de las ONG puede debilitar el Estado de derecho. Además, diversas organizaciones han señalado casos de muerte de detenidos bajo custodia estatal en años recientes, lo que ha generado preocupación sobre las prácticas dentro del sistema penitenciario salvadoreño.
Por su parte, defensores del presidente argumentan que el reclamo de Bukele representa una respuesta legítima ante un enfoque que, según ellos, prioriza a quienes han cometido crímenes atroces sobre las miles de víctimas de violencia urbana en el país.
📍 Conclusión
El pronunciamiento del presidente Nayib Bukele contra las ONG por su enfoque en los derechos de criminales forma parte de un debate político y social mayor en El Salvador sobre cómo equilibrar la seguridad pública con las garantías individuales y los derechos humanos. Mientras el gobierno insiste en defender su estrategia como un medio indispensable para devolver la tranquilidad a la población, las organizaciones de derechos humanos y sectores críticos llaman la atención sobre la necesidad de respetar el debido proceso y las libertades fundamentales en todo momento.
Este choque de posturas continuará siendo tema central en la discusión pública en El Salvador y en foros internacionales, especialmente en un contexto donde las prioridades entre seguridad y derechos civiles siguen siendo objeto de intenso debate.
