Caracas, Venezuela – febrero 10, 2026.
La discusión en Venezuela sobre la recién debatida Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ha puesto en el centro del debate político nacional e internacional una pregunta difícil de responder: ¿es este proyecto un paso genuino hacia la reconciliación o una maniobra legislativa que puede abrir la puerta a la impunidad?
El proyecto, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, busca otorgar amnistía a personas procesadas o condenadas por delitos políticos y conexos entre 1999 y 2026. Según el texto presentado, la norma pretende “sanar heridas políticas” y eliminar cargas legales sobre miles de casos vinculados a protestas, persecuciones judiciales y expresiones públicas críticas al Estado.
Sin embargo, el proceso legislativo ha generado controversia por la forma en que se ha llevado a cabo, ya que muchos ciudadanos y organizaciones civiles denunciaron que la mayor parte del país apenas ha tenido acceso al texto completo y que el debate se realizó con pocas consultas públicas y limitaciones a la deliberación social.
📌 ¿Qué contiene esta ley de amnistía?
El borrador que circula incluye numerosos elementos técnicos y jurídicos:
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- Amnistía general y plena por delitos políticos cometidos desde 1999 hasta enero de 2026.
- Exclusiones expresas para crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico y delitos contra el patrimonio público.
- Un procedimiento legal que ordena la extinción de procesos penales, administrativos y civiles relacionados con delitos amnistiados, además de la eliminación de antecedentes en registros oficiales.
- El control del cumplimiento recae en tribunales y en el Ministerio de Justicia, sin crear mecanismos independientes de supervisión.
⚖️ Reacciones de la sociedad civil y ONG
Organizaciones como Foro Penal han valorado positivamente que se involucre a ONG y sectores de la sociedad en discusiones sobre la liberación de presos políticos, destacando la importancia de continuar excarcelaciones más allá de la ley misma.
Aun así, Acceso a la Justicia y otras agrupaciones han señalado “contradicciones fundamentales” en el proyecto, como el uso de términos polémicos que podrían implicar prejuicios legales sobre quienes buscarían amnistía y vaciar el alcance real de la medida.
🌍 Posición internacional
La Unión Europea (UE) calificó la iniciativa como un paso significativo para poner fin a prácticas represivas en Venezuela, aunque instó a que la liberación de presos políticos continúe de forma amplia y transparente.
❓Críticas y riesgos de impunidad
Organizaciones como Amnistía Internacional han advertido que, de llegar a aplicarse sin salvaguardas, la ley podría convertirse en un instrumento de impunidad si se extiende hasta incluir a agentes del Estado implicados en violaciones graves de derechos humanos.
Este debate se intensifica en un contexto donde el país aún enfrenta tensiones políticas profundas, con cuestionamientos sobre la independencia judicial y la participación plena de amplios sectores de la sociedad.
🧠 Conclusión: ¿reconciliación o narrativa incompleta?
La Ley de Amnistía en Venezuela, presentada como una medida de reconciliación nacional, es vista por muchos como una iniciativa con potencial transformador pero rodeada de interrogantes constitucionales, judiciales y sociales. La tensión entre la necesidad de cerrar décadas de confrontación política y las garantías de justicia y reparación para las víctimas sigue siendo el centro del debate.
La clave estará en cómo se defina y se ejecute la norma en su discusión final, y si logra equilibrar la justicia con la paz social en un país marcado por profundas divisiones.
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