Quito, Ecuador — La Fiscalía General del Estado de Ecuador confirmó este miércoles el inicio de una investigación penal por el **presunto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023 de la excandidata Luisa González, en lo que constituye un caso de alta repercusión política y judicial en el país andino.
La pesquisa está enmarcada en lo que la Fiscalía denominó “Caso Caja Chica”, una investigación preliminar por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos que, según la autoridad, consiste en la supuesta llegada de recursos en efectivo desde Venezuela durante el periodo electoral, lo que podría constituir financiamiento ilícito de campaña.
📌 Qué se está investigando y cómo empezó el caso
La Fiscalía ecuatoriana realizó allanamientos simultáneos este miércoles 28 de enero de 2026 en varios inmuebles vinculados a Luisa González —excandidata presidencial por el movimiento político Revolución Ciudadana (RC)— y otras figuras políticas, con el objetivo de recabar indicios relacionados con la investigación del presunto financiamiento venezolano.
Entre los domicilios intervenidos por agentes judiciales y la Policía Nacional estuvieron propiedades ubicadas en las provincias de Pichincha y Guayas, incluyendo la residencia de González en Quito, sin que se produjeran detenciones en el operativo inicial.
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La Fiscalía publicó en su cuenta oficial de la red social X que se presume que “ingresaban dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”, aunque no ha detallado el monto ni las rutas específicas por las que esos recursos habrían ingresado al país.
📍 El operativo “Caja Chica” y las diligencias judiciales
El caso está identificado internamente como “Caja Chica”, una investigación que la Fiscalía impulsó como parte de sus acciones contra la corrupción y presunto lavado de activos en el financiamiento de campañas electorales.
En el operativo de este miércoles, además de la vivienda de González, se allanaron al menos tres inmuebles en Quito y uno adicional en Guayaquil, todos relacionados con figuras políticas cercanas a la ex candidata o al movimiento Revolución Ciudadana.
Las autoridades incautaron teléfonos celulares, computadoras portátiles, documentos y memorias USB que serán examinados por peritos para intentar determinar si hubo, efectivamente, transferencias o movilización de fondos de procedencia extranjera con propósitos proselitistas.
🧑⚖️ Investigados y primeras reacciones
Además de Luisa González, se ha vinculado a la investigación a otras figuras del correísmo, como Andrés Arauz —ex compañero de fórmula de González en la campaña presidencial de 2023—, así como a dirigentes como Patricio Chávez y Suad Manssur, quienes también tendrían inmuebles allanados por la Fiscalía.
El expresidente Rafael Correa, líder histórico de la Revolución Ciudadana y mentor político de González, reaccionó a los allanamientos en redes sociales calificándolos como una muestra de persecución política, afirmando que los procedimientos apuntan a “criminalizar” a opositores en lugar de combatir hechos delictivos reales.
Por su parte, en una rueda de prensa tras los allanamientos, Luisa González negó categóricamente que ella o su movimiento político hayan recibido fondos provenientes de Venezuela, organizaciones del narcotráfico o del llamado “Cartel de los Soles”, calificando la investigación como un intento de “desprestigiarla” y de “socavar la legitimidad democrática” de su campaña.
📜 Presuntos delitos que investiga la Fiscalía
La Fiscalía no solo investiga el presunto financiamiento extranjero, sino que lo enmarca dentro de un posible delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, que podría acarrear sanciones severas si se demuestra que hubo participación deliberada en ese tipo de operaciones.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, delitos vinculados al lavado de activos y a la organización criminal pueden conllevar penas de hasta 30 años de prisión para autores principales y hasta 22 años para colaboradores, si se prueba su participación efectiva en estas actividades.
📊 Contexto electoral y político
La investigación se produce casi tres años después de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023, cuando González y Arauz se enfrentaron al ahora presidente Daniel Noboa, quien salió vencedor con un estrecho margen de votos.
El caso también se enmarca en un contexto de tensiones políticas internas, donde el Revolución Ciudadana ha pasado de ser una fuerza dominante al enfrentar investigaciones judiciales y presiones políticas tras la salida del poder.
Para algunos analistas, la Fiscalía ecuatoriana ha venido intensificando su trabajo en casos de financiamiento electoral irregular desde comienzos de 2026, después de que la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional solicitara información sobre el origen de fondos en campañas recientes.
📍 Reacciones de autoridades y voces oficiales
El presidente Daniel Noboa, quien asistió recientemente al Foro Económico Mundial en Davos, también se refirió al caso, señalando que hay indicios —según informes del entorno gubernamental— de que algunas campañas pasadas pudieron haber recibido recursos vinculados a intereses políticos y económicos de Venezuela, incluidos contratos con empresas estatales, aunque esto aún no ha sido formalizado como parte de una declaración oficial de la Fiscalía.
Voceros del Gobierno han enfatizado la necesidad de transparencia electoral y el combate contra el financiamiento ilícito, destacando que las campañas deben basarse en aportes legítimos y auditables conforme a la ley ecuatoriana.
🧠 ¿Qué sigue en la investigación?
La Fiscalía ecuatoriana ha señalado que la investigación está en etapa preliminar, por lo que las diligencias continuarán en los próximos días con la revisión de la documentación incautada y la posible citación de personas vinculadas al caso para rendir versiones ante la autoridad judicial.
No se descarta que el Ministerio Público determine la vinculación de nuevas personas o el ampliamiento de la investigación a otras campañas o figuras políticas, en caso de que lo indiquen los elementos probatorios recabados hasta ahora.
