📰 Introducción: exigen protección estable para activistas venezolanos
Organizaciones de derechos humanos han lanzado un **fuerte llamado internacional para que el Gobierno de Colombia implemente medidas de protección permanentes y efectivas para los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, quienes siguen en riesgo tras un atentado armado en Bogotá en octubre de 2025.
La exigencia llega más de tres meses después de que ambos resultaran gravemente heridos en un ataque en el norte de la capital colombiana, y pese a que las autoridades prometieron esquemas de seguridad tras el incidente, estos siguen siendo temporales y limitados, lo que podría dejar a los defensores expuestos a nuevos peligros si no se establecen mecanismos más sólidos y permanentes.
🔫 El atentado en Bogotá que marcó sus vidas
El 13 de octubre de 2025, tanto Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+, como Luis Peche, consultor político con doble nacionalidad venezolana y colombiana, fueron atacados a tiros por desconocidos en una zona residencial del norte de Bogotá.
El ataque, que según testimonios y versiones de prensa se realizó por varios agresores desde un vehículo mientras los activistas salían de un edificio, los dejó con múltiples heridas de bala y requirió atención médica de emergencia.
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Las autoridades locales calificaron el hecho como un atentado grave, y organizaciones como la Defensoría del Pueblo de Colombia lo rechazaron públicamente, destacando la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos exiliados en el país.
💬 Quiénes son Yendri Velásquez y Luis Peche
🧑⚖️ Yendri Velásquez
Velásquez es un activista en derechos humanos y LGBTIQ+ que huyó de Venezuela tras enfrentar persecución política y detención arbitraria en 2024 mientras se dirigía a una reunión de Naciones Unidas.
Solicitó protección internacional en Colombia, donde ha continuado su labor como defensor de derechos desde el exilio, pero su estatus migratorio y protección aún siguen en trámite, lo que lo ha dejado vulnerable.
🧑💼 Luis Peche
Peche es un consultor político y analista con doble nacionalidad, reconocido por su trabajo en análisis político y críticas al régimen venezolano, motivo por el cual también se vio obligado a abandonar su país.
Ambos comparten una historia de persecución política que los llevó a buscar refugio en Colombia, lo que convierte su situación en un caso emblemático de la necesidad de protección efectiva para defensores de derechos humanos exiliados.
🛡️ Exigencia de Amnistía Internacional: protección permanente y efectiva
La organización Amnistía Internacional (AI) emitió una Acción Urgente para exigir a las autoridades colombianas que:
- Finalicen de inmediato la evaluación de riesgo para Velásquez y Peche.
- Implementen medidas de protección integrales, estables e individualizadas, concertadas con ambos activistas.
- Garanticen un entorno seguro para que puedan continuar su labor sin temor a represalias.
AI advirtió que las medidas temporales actualmente vigentes pueden retirarse en cualquier momento, dejando a los defensores en una situación de extrema vulnerabilidad, y que esto contradice los compromisos asumidos por Colombia para proteger a personas en riesgo.
La organización señaló que la lentitud en los procesos administrativos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha sido un obstáculo clave para la implementación de medidas de seguridad permanentes.
🌍 Respaldo internacional y atención a derechos humanos
Además de Amnistía Internacional, organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) han urgido a Colombia a reforzar la protección para activistas y defensores de derechos humanos venezolanos exiliados, recordando que quienes han huido de violaciones sistemáticas en su país necesitan garantías efectivas para vivir y trabajar sin riesgo.
La ONU Derechos Humanos también instó a que se lleve a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz del atentado, sancionando a los responsables para evitar la repetición de hechos similares.
⚖️ Una situación que va más allá de la seguridad física
Los llamados de organizaciones internacionales subrayan que la protección de Velásquez y Peche no se limita únicamente a la seguridad física, sino que también involucra:
- Reconocimiento de su estatus legal y de refugiados o solicitantes de refugio.
- Acceso a derechos fundamentales como salud, vivienda y empleo, a menudo limitados por estatus migratorio precario.
En este contexto, Amnistía Internacional alertó sobre barreras críticas en el sistema de asilo y la necesidad de garantizar que los defensores no enfrenten un limbo jurídico que impida su estabilidad y protección.
📉 Riesgo persistente tras el atentado
Aunque tanto Velásquez como Peche sobrevivieron al ataque y recibieron atención médica, el riesgo para su seguridad no ha desaparecido, especialmente porque:
- Los esquemas de seguridad temporales pueden retirarse en cualquier momento sin previo aviso.
- Su condición de defensores de derechos humanos los hace potenciales objetivos de nuevos ataques o de grupos hostiles.
Por ello, organizaciones de derechos humanos mantienen su presión internacional hasta el 30 de abril de 2026 o hasta que se garantice la seguridad plena de ambos activistas.
📢 Repercusiones políticas y sociales
El atentado y la falta de medidas de protección estables también han generado pronunciamientos de líderes políticos y sociales en ambos países. Figuras de la oposición venezolana han denunciado el ataque como una agresión no solo contra los activistas, sino contra todo el trabajo de defensa de derechos humanos en la región, y han pedido acciones contundentes tanto al Gobierno de Colombia como a la comunidad internacional.
La Defensoría del Pueblo de Colombia también se pronunció en 2025 para rechazar el atentado y recordar que las personas refugiadas deben contar con respaldo institucional mientras se encuentran en territorio colombiano.
🧭 Conclusión
Los llamados para otorgar protección estable y efectiva a Yendri Velásquez y Luis Peche reflejan una preocupación amplia por la seguridad y los derechos de defensores humanos exiliados, especialmente aquellos que han sufrido persecución y amenazas en sus países de origen.
Aunque el atentado armado de octubre de 2025 dejó claras las vulnerabilidades existentes, las acciones exigidas por organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU señalan que el compromiso con la seguridad de quienes defienden derechos fundamentales no debe terminar con la atención médica, sino extenderse a medidas de largo plazo que les permitan continuar su labor sin temor a nuevas agresiones.
