Ohio, Estados Unidos / Caracas, Venezuela — La esposa del exalcalde opositor venezolano Carlos García, detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en Ohio, denunció este jueves que si su deportación se concreta, la vida y la libertad de su esposo estarían gravemente en peligro al ser enviado de regreso a Venezuela, país donde fue perseguido políticamente en el pasado.
García, alcalde del municipio Libertador del estado Mérida entre 2013 y 2017, huyó de Venezuela con su familia en 2017 tras enfrentar una condena judicial por desacato al negarse a retirar barricadas durante protestas antigubernamentales.
📌 Detención en Estados Unidos y riesgo de deportación
El exalcalde fue detenido recientemente por agentes del ICE durante una revisión migratoria de rutina en Cincinnati, donde se encontraba procesando su solicitud de asilo político mientras su familia esperaba resultados favorables.
Su esposa, Gaby Duarte, relató que dos agentes ingresaron a la sala donde García estaba siendo interrogado y se lo llevaron esposado, pese a que ella había salido de su propia entrevista migratoria sin problemas.
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Actualmente, García está recluido en la cárcel del condado de Butler en Ohio, a la espera de una audiencia programada para el 10 de febrero, donde se decidirá su situación migratoria.
🛂 Por qué su deportación sería peligrosa
La familia y defensores de derechos humanos aseguran que enviarlo de regreso a Venezuela lo expondría a riesgos severos de persecución, detención arbitraria y posibles torturas, dado su pasado como figura política opositora al régimen de Nicolás Maduro.
Duarte explicó en un video difundido tras la detención que regresar significaría enfrentar la sentencia original de 15 meses de prisión que pesa sobre García por acusaciones de desacato de 2017, y que la persecución política en su contra podría agravarse bajo el actual gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta durante el mandato de Maduro.
Organizaciones de derechos humanos también han advertido que una deportación podría violar el principio internacional de no devolución, que prohíbe la expulsión de individuos hacia países donde enfrentarían persecución, tortura u otros tratos inhumanos.
👨👩👧 Historia de persecución y exilio
García y Duarte huyeron de Venezuela en medio de las protestas de 2017, cruzaron hacia Colombia primero y luego, ante el agravamiento de la inseguridad tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas, se trasladaron a Estados Unidos en 2022 para buscar refugio con sus dos hijos pequeños.
La familia ingresó por el río Bravo y se entregó voluntariamente a la Patrulla Fronteriza, solicitando asilo de inmediato. Más tarde recibieron permisos de trabajo que eran válidos hasta 2030.
Tras años de vivir y trabajar legalmente en Ohio, la detención reciente ha desatado preocupación porque, con la reanudación de vuelos de deportación hacia Venezuela el 16 de enero de 2026, García podría ser enviado de regreso si pierde su caso ante el sistema migratorio estadounidense.
📣 Reacciones y alertas internacionales
Defensores de derechos humanos, como Óscar Murillo, coordinador de la organización Provea, han señalado que deportar a García significaría “contravenir el principio de no devolución” y podría exponerlo a detenciones arbitrarias o tortura, prácticas que han sido denunciadas en Venezuela contra opositores.
Mientras tanto, Duarte y su familia han hecho un llamado a la comunidad internacional, abogados de inmigración y defensores de derechos humanos en EE. UU. para interceder y evitar la deportación del exalcalde, destacando que su caso representa ejemplos de las consecuencias humanas de políticas migratorias estrictas.
🧠 Contexto legal y próximo proceso
El caso de García pone de manifiesto tensiones entre el derecho de asilo y las políticas migratorias estadounidenses. Aunque está detenido bajo custodia de ICE, el tribunal migratorio todavía debe decidir si existe un riesgo de persecución que justifique evitar su expulsión.
La audiencia fijada para 10 de febrero de 2026 será clave para determinar si el exalcalde mantiene o pierde sus opciones de permanecer en Estados Unidos y evitar su retorno forzado.
