Caracas — 9 de febrero de 2026 – En un paso clave dentro del proceso de construcción legislativa en Venezuela, autoridades de los poderes públicos y representantes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) participaron este sábado en una consulta sobre el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca reparar las heridas politizadas del país tras años de confrontación y detenciones por motivos políticos.
La reunión fue convocada por la Asamblea Nacional (AN), donde una comisión especial integrada por parlamentarios recibió aportes de sectores sociales y del Estado para enriquecer el texto legal antes de su segundo debate y eventual aprobación definitiva.
📋 Objetivo de la consulta: ampliar la participación ciudadana
El proyecto de ley, que ya fue aprobado en primera discusión por unanimidad en el Parlamento, propone anular los casos de presos políticos desde 1999, año en que el chavismo llegó al poder en Venezuela, aunque incluye exclusiones para crímenes graves como violaciones de derechos humanos y delitos graves, según el borrador conocido.
La consulta con diversos sectores tiene como objetivo principal recoger observaciones, propuestas y enmiendas que permitan robustecer el texto y garantizar que la futura ley tenga un alcance legítimo y justo para la sociedad venezolana.
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🧑⚖️ Quiénes participaron en la consulta
Entre los asistentes estuvieron:
- Representantes del Poder Judicial, incluida la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez.
- El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien entregó aportes al documento.
- Dirigentes y delegados de ONG de derechos humanos, entre ellos Provea, Justicia Venezolana, Foro Penal, Acceso a Justicia y el activista Omar de Dios García.
Estas organizaciones tienen amplia experiencia en la defensa de derechos civiles y han participado frecuentemente en debates públicos sobre justicia y libertad política en el país.
📢 Aportes y expectativas de las ONG
Las ONG presentes aprovecharon el encuentro para señalar varios puntos que consideran fundamentales:
- Ampliar el alcance de la amnistía para asegurar que no se excluya a sectores importantes de la sociedad civil y presos políticos que han sido parte de la confrontación política en las últimas décadas.
- Garantizar la plena libertad de los presos políticos, incluyendo mecanismos claros de ejecución de la ley una vez aprobada.
- Asegurar retorno seguro de los exiliados y el levantamiento de inhabilitaciones políticas que pesan sobre dirigentes opositores.
- Eliminar normativas represivas, como las que muchos consideran parte del marco legal que ha criminalizado disidencia política.
Sin embargo, la coalición opositora de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha advertido que el proyecto actual presenta “omisiones graves”, como exclusiones no justificadas de amplios grupos de presos políticos civiles y militares, así como la no derogación de leyes que consideran represivas.
🗳️ Segunda lectura y próximos pasos legislativos
La Asamblea Nacional, de amplia mayoría oficialista, requiere un segundo debate y votación para convertir el proyecto en ley. Líderes del parlamento han señalado que esperan completar este proceso a principios de la próxima semana, y que la normativa podría permitir la liberación de todos los presos políticos el mismo día de su puesta en vigor.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha instado a continuar el diálogo con familiares de detenidos y el público en general para enriquecer el texto antes de su aprobación final.
Si se promulgara, esta sería una ley de amnistía de gran alcance que, según su texto preliminar, buscaría promover la reconciliación, la convivencia democrática y el restablecimiento del estado de derecho en Venezuela.
🧠 Controversias y desafíos sociales
El proceso de consulta no ha estado exento de críticas. Sectores opositores han señalado que algunas limitaciones del texto podrían dejar fuera a personas que consideran víctimas de persecución política. También hay demandas para que la ley incluya la anulación de condenas y medidas cautelares, así como la protección contra futuras represalias legales.
ONG de derechos humanos han insistido en que toda ley de amnistía debe respetar las normas internacionales de derechos humanos y garantizar justicia sin impunidad para delitos graves.
✍️ Conclusión
La participación de poderes públicos e instituciones de la sociedad civil en la consulta del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática representa un intento por crear un marco legal más participativo y legítimo en Venezuela. A medida que el país camina hacia la segunda discusión de la ley, el proceso de consulta busca recoger opiniones diversas que puedan fortalecer la norma, aunque aún persisten tensiones y debates sobre su contenido y alcance.
